Brasil abre una ventana para examinar a las big techs (quieran o no)

Estos días le comentaba a un amigo que trabaja en una empresa tecnológica que, por primera vez, tengo la sensación de que estas no van a ser “las elecciones de las big techs”. En los últimos años, la discusión se ha centrado en la capacidad (y la voluntad) de las mismas para evitar que sus productos sean utilizados de forma abusiva para influir en el proceso electoral. De algún modo, eran las villanas más evidentes.

Pero esta vez la crisis institucional en el Supremo Tribunal Federal a raíz de una investigación sobre un esquema de fraude está tan extendida que las plataformas quedaron, más o menos, en un segundo plano. Eso es bueno para ellas y malo para la sociedad. Quizá por eso pasó un tanto desapercibida una medida importante del Tribunal Superior Electoral (TSE) en este periodo: una herramienta que obliga a estas empresas a transparentar más sus operaciones durante el proceso electoral.

El TSE ha funcionado como una barrera frente a eventuales abusos o malas prácticas de las big techs. Ante la falta de una legislación más amplia, debido a la omisión del Congreso brasileño, el tribunal ha formulado normas específicas para el periodo electoral. En la práctica, eso implica definir qué pueden y qué no pueden hacer las plataformas, reglas que luego suelen utilizar los partidos para denunciar incumplimientos de candidatos de la oposición. A la vez, eso sobrecarga al tribunal, que debe resolver estos pedidos con rapidez porque en elecciones todo sucede a gran velocidad.

Pero el instrumento presentado ahora, llamado plan de conformidad, intenta cambiar esa dinámica al plantear una actuación más proactiva de las plataformas. Las principales, como Meta, Google, TikTok, X y OpenAI, debían entregar antes del 16 de agosto un informe robusto sobre cómo trabajarán durante el período electoral. El incumplimiento del plazo podría someterlas automáticamente a un «régimen de supervisión regulatoria directa» e impedirles vender anuncios políticos, una importante fuente de ingresos para estas empresas. Todas presentaron sus reportes.

Estos informes incluyen estrategias de moderación de contenidos y medidas para identificar material generado con inteligencia artificial, así como los escenarios de riesgo (por ejemplo, comportamientos inauténticos coordinados). Y, en su mayoría, son públicos: cualquiera puede consultarlos, si bien algunas partes quedan bajo reserva, accesibles solo para funcionarios del tribunal.

Lo que está haciendo la Justicia electoral brasileña no es menor. Es una apertura poco común que nos permite mirar por dentro la operación de plataformas cada vez más opacas, cerradas y reacias a colaborar. Si Brasil logra mantener esta ventana abierta, podría servir de referencia en la región. La desinformación electoral, potenciada por la IA, está lejos de ser problema de un solo país. En Colombia ya lo vimos en marcha, con el presidente Abelardo de la Espriella utilizando contenidos sintéticos como parte de su estrategia electoral. Nos quedan dos elecciones por seguir: el 4 de octubre, el mismo día en que los brasileños iremos a las urnas, Paraguay elegirá a sus autoridades municipales. 

Lo que está en juego

Nuestra soberanía. Que la Justicia electoral exija transparencia justo cuando las empresas buscan cada vez más opacidad es una afirmación de soberanía. Es decir claro y fuerte: en nuestro país, las reglas las ponemos nosotros.

Un breve viaje en el tiempo: en enero de 2025, en un video que quedó como “el giro” de Meta (en mi opinión, un retroceso), el CEO Mark Zuckerberg dijo que trabajaría con el presidente Donald Trump para resistir a los gobiernos que estarían “persiguiendo empresas estadounidenses y presionando por más censura”. Según Zuckerberg, “los países latinoamericanos tienen tribunales secretos que pueden exigir que las empresas bajen contenidos silenciosamente”. No tengo dudas de que uno de los tribunales a los que se refiere es el TSE de Brasil. Y no, acá no hay nada secreto ni oscuro.

Nuestras democracias. Hay evidencia suficiente de cómo estas plataformas pueden erosionarlas. Recuerdo bien cómo, hace menos de cuatro años, extremistas de derecha lograron articular un intento de golpe de Estado (fallido) a plena luz del día usando espacios como Telegram, Facebook y X. Necesitamos mantenernos atentos a lo que sucede en estos entornos y exigir mayores esfuerzos para frenar acciones que pongan en riesgo las democracias. En países como los nuestros, la memoria de vivir bajo regímenes no democráticos sigue, lamentablemente, demasiado fresca.

Nuestra capacidad de exigir más. ¿Cómo podemos reclamar mejoras y acciones más firmes si estamos completamente a oscuras? Hacer públicos informes como los que exige la Justicia electoral brasileña es clave para que investigadores, académicos y periodistas puedan analizarlos, entender cómo operan las plataformas y, a partir de ahí, exigir cambios y medidas más adecuadas.

Mientras escribo, los planes de conformidad están siendo analizados por el tribunal para evaluar si las medidas propuestas son suficientes o si hace falta ir más allá. Si bien la iniciativa recibió muchos elogios, también surgieron críticas por la falta de apertura a académicos e investigadores que podrían aportar análisis complementarios.

Una ventana de oportunidad. Hace ocho años existían herramientas valiosas, como CrowdTangle, que permitían investigar cómo los políticos usaban las plataformas en campaña y analizar cómo estas respondían. Poco a poco, las big techs las fueron cerrando, dejándonos a oscuras.

Ese movimiento generó preocupación porque no ocurrió en el vacío. Históricamente, las plataformas invierten mucho menos en moderación de contenidos fuera del inglés. En 2021, cuando la exempleada de Facebook, Frances Haugen, filtró documentos internos en los llamados Facebook Papers, reveló que el 87% del presupuesto para combatir la desinformación se destinaba a contenido en inglés, mientras que solo el 9% de los usuarios de entonces hablaba ese idioma. Es una cuenta que no cierra.

¿Conocés iniciativas que se dediquen a estudiar cómo operan las plataformas? Contanos respondiendo a este correo 👀

Algo que podemos hacer

• Con tan poca cooperación por parte de las plataformas, hay que pensar en maneras creativas y alternativas de ponerlas a prueba. Me pareció muy interesante la metodología de esta investigación de Amnistía Internacional, publicada hace pocas semanas. Para medir la capacidad de Meta de frenar la desinformación electoral en anuncios, la organización envió varios anuncios deliberadamente problemáticos. Y más de la mitad fue aprobada. También El Surti y La Silla Vacía hicieron un experimento con Facebook y X durante las elecciones en Colombia que da pistas sobre qué contenidos priorizan (detalles en esta newsletter).
• Una recomendación de lectura sobre cómo estas empresas estadounidenses miran y relegan al resto del mundo:el libro Careless People, de Sarah Wynn-Williams. Fue directora de Políticas Públicas de Meta entre 2011 y 2017, los llamados años dorados de Facebook. Una de sus revelaciones es cómo Facebook desatendió su papel en la crisis humanitaria en Myanmar y en el genocidio contra la minoría rohinyá. Conviene leerlo con cierto escepticismo porque, en mi opinión, a la autora le falta reflexionar un poco más sobre su propio rol en todo esto. Pero que Meta haya hecho un gran esfuerzo por censurar la obra y a la autora indica que sí molestó.